20 jul

Ciberdelincuencia V& la ciberseguridad en América Latina

Los costos de la ciberdelincuencia: ¿está preparada la región? James Andrew Lewis

En las últimas décadas, Internet ha desempeñado un rol crucial en el crecimiento económico. Sin embargo, los ciberespacios también crearon una oportunidad única para los delincuentes, quienes aprovechan la velocidad, la conveniencia y el anonimato de Internet para cometer actividades delictivas que no conocen fronteras, ya sean físicas o virtuales, causan graves daños y representan amenazas muy reales a las víctimas en todo el mundo (Interpol , 2016). La estimación de los costos de la ciberdelincuencia excede el alcance de este volumen. Según el Center for Strategic and International Studies y McAfee (2014), el costo de la ciberdelincuencia oscila entre US$375.000 millones y US$575.000 millones en el mundo.

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CIBERDELITO: Según Anderson et al. (2013), existen tres tipos de delitos cibernéticos. El primero consiste en las formas tradicionales del delito, como el fraude o la falsificación, aunque cometidas a través de redes de comunicación electrónica y sistemas de información. El segundo, en la publicación de contenidos ilegales a través de medios electrónicos. Y el último abarca aquellos crímenes de naturaleza electrónica específica, es decir, ataques contra sistemas de información, denegación de servicio y piratería informática.

El cibercrimen daña la innovación, desviando recursos hacia la seguridad y creando un desincentivo de inversión, dado el robo de ideas. Impone un costo de oportunidad a las sociedades ya que deben destinarse más recursos a la seguridad

Detica (2011), considera cuatro categorías de costos por cibercrimen: tres de ellos directos y uno indirecto.

  • El primero corresponde a costos de anticipación al delito cibernético, como la obtención de software de antivirus, los seguros y el cumplimiento con normas y disposiciones
  • La segunda categoría se refiere a los costos como consecuencia del delito cibernético, entre los cuales cabe mencionar las pérdidas directas y los costos indirectos, entre los que se incluye, por ejemplo, el debilitamiento de la competitividad como resultado de verse comprometida la propiedad intelectual.
  • El tercero se refiere a los costos en respuesta a la ciberdelincuencia, como los pagos compensatorios a las víctimas y las multas desembolsadas a los organismos reguladores.
  • Finalmente, la cuarta categoría corresponde a los costos indirectos, como el daño a la reputación de las empresas, la pérdida de confianza en las transacciones cibernéticas de individuos y firmas, la reducción de los ingresos del sector público y el crecimiento de la economía clandestina.

Las ventajas de la conectividad son innegables, y los latinoamericanos y caribeños (ALC) adoptan estas nuevas tecnologías con entusiasmo. Esto se ve reflejado en el hecho de que la región tiene el cuarto mayor mercado móvil del mundo, la mitad de su población usa Internet y sus gobiernos emplean cada vez más medios digitales para comunicarse y prestar servicios a los ciudadanos. Sin embargo, la región se encuentra rezagada en lo que atañe a la prevención y mitigación de los riesgos de la actividad delictiva o maliciosa en el ciberespacio según el informe más completo sobre ciberseguridad en el mundo, realizado por la OEA-BID (2016). Como algunos cálculos sugieren, ALC enfrenta un costo de cibercrimen de alrededor US$90.000 millones al año, lo cual es una cifra muy considerable (Prandini y Maggiore, 2011).

De acuerdo con el Cyber Center of Excellence (2016), la demanda de productos de seguridad cibernética aumentó un 14,7% entre 2011 y 2013, mientras que la demanda de los consumidores lo hizo en un 10,7%

En el informe de OEA-DIB 2016 se observa que en particular, solo en 12 países existen equipos de respuesta con roles definidos pero con limitada formación y equipo, y únicamente cuatro países de la región superan el nivel intermedio de madurez en este aspecto. Además, en un 56% de los países no existe una clara identificación de los activos que constituyen la infraestructura crítica, y en un 75% no hay un mecanismo de planificación y coordinación de respuestas ante un ataque a la infraestructura crítica del país.

Finalmente, la sociedad, en gran parte, desconoce los riesgos y vulnerabilidades asociados con el ciberespacio. Más precisamente, los ciudadanos del 90% de los países no son conscientes de los peligros del ciberespacio en términos de su seguridad y privacidad. Solo dos países (Colombia y Uruguay) lograron alcanzar un nivel intermedio en este sentido. Parte de este problema se deriva de la falta de infraestructura educativa en seguridad cibernética, puesto que en la mayoría de los países (80%) no existe una política educativa en este campo. Únicamente seis países de la región cuentan con un programa estructurado de educación en seguridad cibernética, que incluye estabilidad presupuestaria así como también mecanismos de investigación y transferencia de conocimiento. (fuente: libro costos del crimen)

 

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